En medio de una de las sequías más agudas que recuerde nuestro país, se ha reflotado la propuesta de construir una carretera hídrica para el sector agroexportador y la minería. Sin embargo, aún no son claras las ventajas como tampoco los impactos ambientales que un proyecto de esta envergadura podría ocasionar.
Leopoldo Sánchez Grunert
Médico Veterinario
Ex director INIA y SAG
Poco antes de la explosión social que se desencadenó sorpresivamente en nuestro país el 18 de octubre pasado, el gobierno había decretado emergencia agrícola por escasez hídrica en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y 17 comunas de la región Metropolitana. El Ejecutivo por fin había reconocido que existía un 70 por ciento de déficit de lluvias y que estábamos enfrentando las consecuencias del invierno más seco en 60 años y una tendencia de sequía prolongada por más de 10 años en el norte y centro del país.
Desde 2008 a la fecha se han decretado 111 declaraciones de zonas de escasez hídrica en cuencas, comunas y provincias entre Atacama y Aysén. Actualmente se encuentran vigentes 7 decretos del Ministerio de Obras Públicas, que incluyen a la región de Coquimbo completa, las provincias de Marga Marga, Valparaíso, San Antonio, Quillota y Petorca en la región de Valparaíso y las comunas de Alhué, San Pedro, Colina y Til Til en la región Metropolitana (Fuente: El Mostrador, sept. 2019).
Esta falta de agua limita no solo la expansión de la agricultura de exportación, sino que afecta a los grandes emprendimientos mineros, y por sobre todo afecta de manera angustiante a poblaciones vulnerables, campesinos, pequeños poblados rurales, que acceden solamente a mínimas cuotas de agua y de dudosa calidad, que proveen camiones aljibe a altísimos costos para estas comunidades.
Ya en 2014, en medio de una compleja situación hídrica, la entonces Presidenta Michelle Bachelet convocó a una comisión interministerial del agua; nombró a un delegado especial de recursos hídricos y patrocinó la Ley de Servicios Sanitarios Rurales y la Reforma al Código de Aguas que venían tramitando la Cámara de Diputados desde 2011. La moción de Reforma al Código, presentada por un conjunto transversal de parlamentarios (PPD, Renovación Nacional, Partido Socialista, Democracia Cristiana, Partido Comunista, UDI, radicales e independientes) tuvo rápida votación, aprobándose en las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura, Hacienda y la Sala de la Cámara entre 2015 y 2016, y en Recursos Hídricos del Senado en 2017, quedando entrampada desde el cambio de gobierno en la Comisión de Agricultura, debido a la oposición de los gremios empresariales, liderados por la Sociedad Nacional de Agricultura y la Confederación de Canalistas, que solo desean recursos públicos para embalses e infraestructura que pueda asegurar y expandir sus negocios (El Mostrador, septiembre 2019).
Las opciones de la carretera
En este contexto, se ha reflotado la propuesta de construir una carretera hídrica para el sector agroexportador y la minería desde Atacama al sur. Dicho proyecto no es nuevo. Ya en 2012 el Ministerio de Obras Públicas (MOP), liderado por Laurence Golborne, encargó estudios al respecto; luego la empresa francesa Vía Marina esbozó una carretera hídrica costera flotante, y en 2016 el empresario agrícola Juan Sutil presentaba su propio proyecto.
La carrera de las carreteras hídricas por obtener financiamiento del Estado empezó a fines de 2018, cuando Félix Bogliolo de Vía Marina, ingresó el proyecto Aquatacama al MOP, solicitando su declaración como “de interés público” (Chile Sustentable, septiembre 2019).
Hace algunas semanas, la Asociación de Canalistas del Laja, la Asociación de Canalistas Bío-Bío Negrete, la Asociación Canalistas Bío-Bío Norte y Bío-Bío Sur, la Comunidad de Aguas Canal Coreo, la Asociación Canal Quillaileo, y la Asociación Canal Duqueco, denunciaron que la carretera hídrica “es una antigua mala idea, que se desechó en los sesenta por ser inviable y porque se basa en una premisa equivocada: que en el Biobío existiría abundancia y excedencia de agua, lo que es completamente falso”. Esta afirmación de los usuarios regionales del agua, es coincidente con el informe de Fundación Chile, que sostiene que las propuestas de “carretera hídrica” son “una de las medidas más costosas e ineficientes para enfrentar la crisis hídrica”.
Según un informe de Fundación Chile, las propuestas de “carretera hídrica” son “una de las medidas más costosas e ineficientes para enfrentar la crisis hídrica”.
El territorio nacional se caracteriza por una evidente heterogeneidad hídrica. Los valores mínimos de escorrentía –agua que circula sobre la superficie en una cuenca– que se encuentran en algunas cuencas de la zona norte del país, son superados hasta en 800 veces por los valores máximos en las del extremo sur. Para quienes conciben la disponibilidad de agua desde una hoja de cálculo, con déficits y superávits, una solución para satisfacer la creciente demanda de las zonas donde este vital elemento es escaso, como en el norte y centro de Chile, es el trasvase de agua desde cuencas con “excedentes” hacia otras “deficitarias”, para corregir lo que se percibe como un “desequilibrio hidrográfico”. Pero, ¿es esto viable en nuestro país?
En la actualidad se están considerando tres proyectos ambiciosos, que incluyen una serie de planes para trasvasar agua a cientos de kilómetros de distancia desde las regiones del Maule y Biobío, hasta las zonas afectadas por la sequía en el norte y centro del país. Dos de estas iniciativas, de capitales extranjeros, están siendo evaluadas por la Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y se encuentran a la espera de ser declaradas de “interés público”, mientras que la tercera es una iniciativa de la Corporación Reguemos Chile. Cabe señalar que los proyectos han tenido una buena recepción, tanto en el Ministerio de Agricultura como en el de Obras Públicas.
Desde el punto de vista del Estado y de los grandes sectores económicos del país, lo que se percibe como un “desequilibrio hidrográfico”, se contrapone con sus planes de crecimiento económico. Para quienes lo más importante es el crecimiento económico, es un problema que las zonas más productivas, tanto de la minería como de la agroexportación, sean las menos dotadas de agua, situación que ha ido empeorando debido a la sobreexplotación, los efectos del cambio climático y a que –según esta visión productivista– cerca del 85% del agua en el país corre hacia el mar “sin ser aprovechada” (El Mostrador, 3 de septiembre 2019).
Los proyectos que proponen la implementación de la carretera hídrica permitirían captar, almacenar y transportar el “excedente” de agua de los ríos Biobío, Maule y Rapel hacia el centro y norte, lo que posibilitaría el riego de cerca de un millón de nuevas hectáreas para impulsar la agroexportación y destrabar millones de dólares de inversiones mineras, lo que supondría incrementar el PIB en más de un 30%, según palabras de Félix Bogliolo, socio fundador de uno de estos proyectos.
Existen tres proyectos en carpeta que pretenden trasvasar agua desde las regiones del Maule y Biobío, hasta las zonas afectadas por la sequía en el norte y centro del país.
Los promotores de estas ideas señalan que, a nivel internacional, los trasvases de cuencas a grandes escalas han producido importantes beneficios económicos, a pesar de que la experiencia ha demostrado que existe una significativa subestimación de costos y falta de transparencia al respecto. Al mismo tiempo, los impactos sociales y ambientales que se invisibilizan han sido muy graves, ya que la realización de trasvase de agua, es decir, la modificación producida en el volumen de agua en las cuencas, más que corregir el “desequilibrio”, suele alterar el delicado equilibrio hídrico que existe tanto en la cuenca cedente como en la receptora.
La experiencia internacional
Los casos de trasvases a nivel internacional, como el de Tajo-Segura en España, Snowy-Murphy en Australia, Lesotho Highland Water Project (Lesotho y Sudáfrica) y el megaproyecto de Irrigación Olmos en Perú, demuestran que estas intervenciones pueden provocar en la cuenca cedente impactos como la pérdida de biodiversidad y de ecosistemas como los humedales, fragmentación de la vegetación nativa, introducción de especies invasoras, afectación a la infiltración de agua en acuíferos, colmatación de cauces por sedimentos, entre otras consecuencias irreversibles. Al mismo tiempo, muchas comunidades han sido desplazadas de sus tierras, mientras que los ingresos finales de estos megaproyectos, que generalmente prometen mejorar la calidad de vida de las poblaciones, no han aportado a reducir la pobreza ni tampoco a solucionar los problemas de abastecimiento de agua para consumo humano.
Las carreteras hídricas plantean el trasvase de agua desde cuencas con “excedentes” hacia otras “deficitarias”, para corregir lo que se percibe como un “desequilibrio hidrográfico”.
Por otro lado, los proyectos de trasvase se sustentan en la falsa idea de que “el agua se pierde en el mar”. Sin embargo, lo cierto es que los ríos constituyen la principal interfaz activa entre la tierra y el océano. El agua dulce que entra a los océanos transportada por los ríos, aporta una gran cantidad de nutrientes que contribuyen a la riqueza ecológica y productiva del mar, por lo que la retención de sedimentos, producida por una menor capacidad de transporte de los ríos, puede ocasionar desequilibrios graves y visibles en estos procesos.
Los megaproyectos de trasvases, principalmente impulsados por el sector agrícola, han provocado un uso indiscriminado del agua en las cuencas receptoras. Esto debido a que su realización no ha estado acompañada de una adopción de criterios que gestionen la demanda de los volúmenes trasvasados, generando una proliferación de pozos y desviaciones de cauces de forma ilegal. Al mismo tiempo, el aumento de los terrenos cultivables propiciados por los nuevos volúmenes de agua disponibles, amplifican la sustitución de vegetación nativa y el deterioro de los suelos, alterando la capacidad de los ecosistemas para almacenar agua, lo que se ve agudizado por los efectos del cambio climático.
Como podemos apreciar, no está claro en absoluto la conveniencia de estos proyectos. Lo que sí está claro, es la necesidad de avanzar en la reforma del Código de Aguas, la priorización del agua para el consumo humano y las actividades de subsistencia y desarrollo local/regional, tal como recomienda la ciencia en el contexto de los cambios climáticos. Los lucrativos negocios de la agroindustria y la minería no pueden seguir exponiendo al país a una mayor vulnerabilidad hídrica, sin que antes puedan ajustarse al evidente cambio climático.
